El oficialismo buscará emitir el  martes dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la ley de Biocombustible, que tendrá vigencia hasta el 2030. El proyecto será tratado en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

El Frente de Todos (FdT) quiere avanzar esta semana en el despacho de la comisión, que será redactado en base a la iniciativa presentada por los diputados de ese bloque, Omar Félix y Marco Cleri.

La discusión se dará cuando faltan pocos días para que venza -el 12 de mayo- la ley de Biocombustibles aprobada en el Gobierno de Néstor Kirchner. Por eso, los empresarios y otros sectores de Tucumán y el resto de las provincias productoras de bioetanol con base a caña de azúcar, además de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), han insistido en la prórroga de la norma que tiene ya media sanción del Senado.

El tratamiento se hará a la tarde en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que conducen Félix y Carlos Heller, según informaron fuentes del FdT.

La reunión se deberá hacer en forma presencial, ya que aún no se renovó el protocolo de funcionamiento de la Cámara de Diputados para las comisiones y las sesiones, que permite la tarea legislativa en forma remota debido a la pandemia de coronavirus, consignó la agencia Télam.


Unos de los inconvenientes del protocolo es que para emitir dictamen debe haber un acuerdo entre el presidente y vice de la comisión a cargo del FdT y Juntos por el Cambio, que ya había anticipado que no iba avalar que se emita dictamen mientras no se avance en un consenso.

De esa manera, el único recurso que tenía el oficialismo para emitir dictamen era convocar a una reunión presencial, para lo cual cada legislador deberá presentar en forma obligatoria un test de PCR sobre coronavirus que no tenga más de 48 horas de vigencia.

Sin embargo, fuentes del oficialismo señalaron que habrá tratativas para renovar el protocolo, para permitir que puedan participar los grupos de riesgo en forma virtual.

Rechazo de empresario y Juntos por el Cambio

El proyecto que presentó el Frente de Todos tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.

En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.

La mayoría de los empresarios rechazaron la reducción del corte obligatorio así como legisladores de Juntos por el Cambio. El Centro Azucarero Argentino (CAA) emitió un comunicado días atrás para expresar su conformidad con el proyecto de Ley presentado el miércoles en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, "por cuanto contempla los temas de interés del sector, tal como lo manifestó en su exposición el presidente del CAA, Jorge Feijóo".

En ese sentido, dijo que espera que los diputados del NOA apoyen la iniciativa cuando sea tratada en el recinto. Además, recordó que, en su mensaje en el Congreso, Feijóo reiteró que la zafra está próxima a comenzar y que la ley vence el 12 de mayo, razón por la cual la actividad azucarera necesita definiciones urgentes que preserven el plan de bioetanol, indispensable para su sostenibilidad económica. Así, la apuesta es la prórroga del actual régimen.

Feijoo destacó que el bioetanol de caña de azúcar abastecerá un mínimo del 6% de la demanda total de naftas; que las reducciones del corte de bioetanol de caña de azúcar sólo pueden deberse por razones de escasez y serán temporarias; y que el bioetanol de caña de azúcar tendrá volumen y precio regulado.

El vicepresidente de la comisión de Energía, Omar Demarchi (Juntos por el Cambio), dijo que "la iniciativa del Gobierno genera incertidumbre y lleva al borde de la quiebra a un sector que genera valor agregado, contribuye al ambiente, utiliza tecnología nacional, con inversiones ya hechas por más de U$S 3.000 millones y genera decenas de miles de puestos de trabajo en forma directa e indirecta.”

“Lo razonable es una prórroga de la actual ley 26.093 para abrir un tiempo de intercambio productivo y enriquecedor, y no cometer el error de retroceder 15 años de avance”, agregó.